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Guillermo Moreno fue condenado por la compra de cotillón anti-Clarín

El fallo prevé dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de «peculado». Además, determinó la inhabilitación «absoluta y perpetua» para ejercer cargos públicos.

El exsecretario de Comercio Interior durante la gestión kirchnerista, Guillermo Moreno, fue condenado hoy a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de «peculado» por el Tribunal Oral Federa 6, que lo juzgó por el uso de fondos públicos para la adquisición de cotillón contrario al Grupo Clarín.

La condena fue por usar fondos públicos para comprar objetos publicitarios contra el grupo multimedia Clarín, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de Buenos Aires fijó para el responsable de Comercio de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), una pena de prisión no efectiva, así como inhabilitación «absoluta y perpetua» para ejercer cargos públicos.

En el juicio por esta causa, que comenzó el pasado abril, se investigaba el uso de fondos, cuando Moreno todavía estaba en el cargo, para financiar material en el que se exhibían frases como: «‘Clarín Miente’ y ‘Clarín. Cadena Nacional del Desánimo, Ocultamiento, Desinformación, Miedo'» en banderas, llaveros, camisetas o gorros.

Este ‘cotillón’ fue exhibido por Moreno en el Congreso de la Nación, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o en vuelos de comitivas oficiales.

«Es notorio que la finalidad aquí asignada a esos fondos de origen estatal -plasmados en una campaña pública de desprestigio contra una empresa privada, ejecutada en diferentes espacios institucionales- nada tuvo que ver con los objetivos para los que legítimamente podían ser utilizados», consideró la Cámara Federal en el fallo que confirmó el procesamiento de Moreno, en abril de 2016.

Perjuicio

Moreno, que también que también fue acusado de abuso de autoridad para «perjudicar» a empresas del Grupo Clarín, se desempeñó en el cargo entre 2005 y 2013 y fue uno de los funcionarios más polémicos de la etapa kirchnerista.

Una de los puntos clave del enfrentamiento entre el grupo multimedia y el Gobierno de Cristina Fernández fue a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009, que fue finalmente declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre Clarín y el Ejecutivo.

La norma fijaba para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Si bien el Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, esta repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país.

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