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Las condiciones de infraestructura de la Unidad Penitenciaria N°5 vuelve a ser tema de debate. Uno de los reclamos de familiares y profesinales que realizan talleres para las internas es la falta de conectividad del transporte público, ya que la parada de colectivos más cercana está a 600 metros del edificio. También denuncian escases de agua y que no hay conexión de gas.
Es por esto que desde la ONG Mujeres tras las Rejas reconocen la dificultad para acceder a la cárcel “tanto de quienes formamos parte de las organizaciones como de los familiares, que se ve acrecentada porque el colectivo no llega ni siquiera hasta la esquina del penal”, y describieron a Conclusión que “sólo llega una línea de colectivos y la parada más cercana es a 600 metros”, sobre avenida 27 de Febrero y Circunvalación.
«No llega el colectivo, eso dificulta la llegada de los familiares y produce un decaimiento en las mujeres privadas de su libertad», precisó Graciela Rojas, integrante de la organización. «Al estar tan lejos también impide la llegada de los defensores», amplió.
Cabe señalar que después de la balacera ocurrida el 5 de abril pasado la cárcel sufrió una balacera, lo que generó el alerta entre los visitantes, por lo que solicitan que las líneas llegue al penal para no exponer su integridad física.
Por otra parte también denunció falta de agua y gas: «Siempre hay dificultades de agua, no hay gas. Todo depende de la electricidad, que se saltan las conexiones rapidamente. Ha habido un cercenamiento de derechos«. La referente de la ONG resumió la situación como «abandono del estado con escasas políticas públicas».
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Desde la entidad remarcan que la situación se complica aún más a la salida de los espacios, talleres, actividades o visitas familiares “debido a que la frecuencia es reducida y poco estable después de determinada hora”, y añaden: “Todo esto trae como consecuencia que todas las personas que intentamos llegar e ingresar a la Unidad Penitenciaria lo hagamos expuestas de ser violentadas tanto en nuestra integridad física así como también en nuestros bienes materiales”.
Por su parte, Carmen Albarenque, de la ONG Tras las Rejas, manifestó que la falta de colectivos «afecta la llegada de las compañeras que dan los talleres, tienen que caminar cinco cuadras. Suspender los talleres es oprimir más a las mujeres». «Los familiares tienen que caminar con bolsas de comida llenas varias cuadras para poder alimentar a quienes están privadas de su libertad«, agregó. «El Estado debe garantizar que el transporte llegue hasta la puerta de la unidad», exigió.
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En ese contexto es que piden de forma rápida a las autoridades municipales y provinciales que faciliten el traslado, sumando líneas de colectivos y ampliando el recorrido de la línea 121, de modo que llegue a las inmediaciones de la Unidad Penitenciaria. “Asimismo, pedimos medidas y celeridad respecto de la espera para ingresar al Penal, tanto de talleristas como de familiares”, explicaron.
“Consideramos que el acceso de las personas que integran organizaciones que participan de talleres con las mujeres privadas de libertad, debe verse facilitado y garantizado, en tanto ellas colaboran en brindar herramientas de formación y buen clima y generan modos de vinculación más amables y pacíficos, positivos para la convivencia diaria al interior de la cárcel”, argumentaron.
Reclamo de vieja data
Ya en 2018, la ONG Mujeres Tras las Rejas denunció la situación que se vive en la nueva unidad penitenciaria de 27 de febrero al 7800. Recuerdan que el flamante edificio se inundaba en algunos sectores, “no contaba con provisión de agua, ni aseguraba las comunicaciones telefónicas con el exterior”. A ello se suman los cuestionamientos por “la falta de perspectiva de género, condiciones edilicias que no cumplen con lo básico, vacío legal sobre las hijas e hijos de las internas y hasta vulneración del derecho a la sexualidad”.
Vale precisar que el edificio se inauguró en julio de ese año y reemplazó a la vieja Unidad Penitenciaria IV, de Ingeniero Thedy 375 bis. La nueva unidad penitenciaria demandó una inversión provincial de 290 millones de pesos.
