Resoluciones judiciales vuelven «impracticable» la propuesta de Vicentin para salir del concurso – Total Multimedios

Por Luciano Couso- Telam

El presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue incluso imputado en junio del año pasado por desobediencia de esas dos órdenes judiciales al avanzar en la venta de las acciones de la empresa a su socia Viterra Argentina (ex Glencore), y debió afrontar una caución de 500.000 dólares, para quedar en libertad.

Esta semana la agroexportadora sumó presión al juez de civil y comercial del concurso, Fabián Lorenzini, quien tiene un plazo de 10 días para homologar o rechazar las conformidades presentadas por la empresa para acordar el pago de su deuda, que supera los U$S1.500 millones.

Vicentin consiguió los porcentajes de conformidad que exige la ley tanto de personas como de capital, pero hay acreedores que consideran «abusiva» la propuesta, que en algunos casos alcanza una quita del 80%.

En un comunicado de esta semana, la empresa señaló que «en un escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin».

Agregó que eso «provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador».

El comunicado de Vicentin fue en respuesta a uno difundido un día antes por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el principal acreedor individual del concurso con U$S300 millones.

El BNA manifestó que «impugnará por abusiva y contraria a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago», y agregó que la oferta es «extremadamente desfavorable para el banco» porque «no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda» a la entidad.

El diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa del concurso de Vicentin, consideró que el comunicado de la empresa que expresa la posibilidad de su cierre definitivo «tiene un profundo olor a extorsión». Del Frade recordó, además, que la propuesta de pago de Vicentin no puede llevarse a la práctica porque incluye el dinero proveniente de la venta a Viterra de las acciones que aún posee en la planta de Renova, operación que está interdicta por el Poder Judicial.

En septiembre y diciembre de 2020, los jueces penales de Rosario Nicolás Foppiani y Hernán Postma dictaron en dos causas por presuntas estafas y por presentación de balances falsos «la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria».

En junio del año pasado, el entonces presidente del directorio de la compañía, Scarel, fue imputado por desobediencia de órdenes judiciales al avanzar en la venta de esas acciones.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, señalaron que «este contrato de compra-venta fue celebrado por medio de una ‘Oferta de Compra’, suscrita por los representantes de Viterra Argentina SA, por medio de un documento fechado el 28 de abril de 2022, dirigido a Vicentin SAIC, denominado ‘Oferta de Compra de Acciones de Renova 001/2022».

Según detalló Narvaja, Viterra realizó una oferta para quedarse con la totalidad del paquete accionario de Renova y Scarel, como presidente del directorio, dio su «acepción irrevocable de la oferta de compra».

Vicentin y Viterra compartían una sociedad en partes iguales en la planta de molienda de soja Renova, pero 24 horas antes del default la primera le vendió un 16,6%, en una operación que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consideró «simulada».
En abril del año pasado, firmaron un documento por la venta del 33% restante por U$S310 millones, que Vicentin volcaría al pago del concurso.

Para los fiscales, esa transacción significó un incumplimiento de las órdenes judiciales dictadas por los jueces Foppiani y Postma de no innovar sobre la composición de la masa accionaria, que aún siguen vigente, según recordó a Télam el abogado de un acreedor del concurso.

En el fallo que rechazó el avocamiento solicitado por un acreedor, el 29 de noviembre último, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se refirió al tema.

El voto del ministro Daniel Erbetta señaló que «las eventuales controversias vinculadas a las medidas adoptadas con motivo de la investigación de hechos con relevancia penal deben dirimirse y agotarse en esa jurisdicción».

Es decir, que el juez civil Lorenzini no puede adoptar decisiones sobre las órdenes dictadas por los jueces penales de Rosario.

«La extraordinaria relevancia en el orden económico social del presente proceso concursal y las innumerables consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se adopten, importan -en función de lo dicho- priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas, que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad», sostuvo Erbetta.

 

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