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Marcelo Galaz, ex funcionario radical de la Municipalidad de Avellaneda ubicada en el noreste de la provincia de Santa Fe, deberá cumplir siete años de prisión y resarcir económicamente a una joven -familiar suya- que ahora es mayor de edad, de la que abusó sexualmente desde los cuatro hasta los diez años.
La pena fue acordada mediante un juicio abreviado llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Reconquista, en el que admitió su culpabilidad, informaron este jueves voceros judiciales.
Galaz fue desvinculado de la Municipalidad de Avellaneda en julio de 2021 cuando se conoció la denuncia de una joven que sufrió los abusos entre los 4 y los 10 años, y que fueron reconocidos por el imputado en una audiencia realizada ayer ante el juez Santiago Banegas. Además de la pena de 7 años de cárcel, Galaz acordó con la representación legal de la joven el pago de una indemnización de seis millones de pesos, de la que pagó la mitad.
El juez Banegas homologará el acuerdo el 29 de mayo próximo, fecha en que Galaz deberá pagar la segunda cuota de la indemnización, ya que en caso contrario perderá lo abonado y será sometido a un juicio oral por los abusos.
En ese sentido, el fiscal Juan Marichal había solicitado al momento de la imputación una pena de 32 años de cárcel y para posibilitar el acuerdo accedió a un cambio de calificación del expediente, eliminando el delito de promoción a la corrupción de menores y el grave daño a la salud de la víctima, entre otros.
A Galaz se le imputó ser autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número de determinado de veces.
Voceros del caso indicaron que los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre.
La víctima, que tiene una relación de parentesco con el abusador, dijo en la audiencia de este miércoles que el Poder Judicial debe hacer una autocrítica «para que ninguna otra víctima sufra la revictimización» que ella sufrió, y, en ese sentido, apuntó contra el fiscal Aldo Gerosa, quien investigó los hechos en el inicio de la causa.
«Todos los integrantes del Poder Judicial deberían tener perspectiva de género», indicó la mujer, quien ante el juez Banegas recordó la vigencia de la Ley Micaela.
Galaz era secretario del entonces intendente y actual senador nacional Dionisio Scarpín, quien al momento de la denuncia dijo que se trataba de una «situación increíble» y lo desvinculó del municipio, a la vez que se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación y de la familia de la víctima.
El imputado fue dirigente de la Juventud Radical y docente en una escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) de Avellaneda, y permanece en libertad con restricciones, por lo que recién el 29 de mayo sería trasladado a una unidad penal.
