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El Senado debate el proyecto de reforma de la Procuración General

De aprobarse la iniciativa, que comenzó a tratarse en la comisión de Justicia del Senado, se revisarian unos mil contratos «irregulares» que se nombraron durante la gestión de Gils Carbó.

Si se aprueba el proyecto de reforma del ministerio Público Fiscal que ya comenzó a debatirse en la Comisión de Justicia del Senado, quedarían sin efecto las designaciones irregulares registradas bajo la gestión de Alejandra Gils Carbó, quien la semana pasada anunció que dejará su cargo el 31 de diciembre.

Así se desprende de una de las cláusulas incluidas en el proyecto que presentaron Federico Pinedo, junto a su compañero de bloque Ángel Rozas (UCR) y los legisladores del bloque PJ-FPV Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. «Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia», dice un punto del artículo 23.

El universo que contempla la cláusula abarca unos 1.500 nombramientos, de los cuales, aseguran, más de mil serían irregulares. Según los datos que maneja la administración nacional, en el período 2012-2016 el total de empleados del MPF pasó de 4.134 a 5.635. Estiman que en esos años fueron nombrados a dedo alrededor de 600 funcionarios jerárquicos y 400 empleados.

El oficialismo y la oposición en la Cámara de Senadores acordaron debatir y llevar al recinto en una semana este proyecto.

Fuentes del Senado indicaron que existe la decisión de debatir el proyecto y firmar dictamen inmediatamente después, con la intención de que la cuestión sea llevada al recinto el próximo miércoles 15 de noviembre.

Una vez aprobada en el Senado, el tema pasará a Diputados donde el oficialismo pretende convertirla en ley antes de que terminen las sesiones ordinarias de este año y que el reemplazante de la renunciante Gils Carbó asuma su cargo, una vez que la misma deje su cargo el 31 de diciembre.

El proyecto elimina la duración vitalicia, tanto del titular de la Procuración como el de la Defensoría General de la Nación, que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de la Nación, de 75 años. El límite temporal para ejercer ambos cargos será de cinco años, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más. La designación de ambos funcionarios se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, o sea 37 votos.

Para su remoción, el proyecto, que comenzará a ser analizado mañana, establece que se necesitará el voto de la mayoría absoluta de los senadores y de la mayoría de los presentes, en el caso de la Cámara de Diputados. Frente a una iniciativa de remoción, el procurador queda suspendido inmediatamente en sus funciones. Sin embargo, el Senado debe decidir su situación en un plazo de 180 días. Si no lo hiciera en ese lapso, el funcionario debe ser repuesto en su cargo. Si el pedido de remoción proviniera del Poder Ejecutivo, el plazo de resolución se achica a diez días.

En relación a los traslados de los fiscales y defensores, se establece un plazo mínimo de permanencia en el cargo para el que los fiscales y los defensores fueran designados, el que se fija en cinco años, añade el texto al que accedió Télam.

De esta forma, agrega, “se evitan abusos que desvirtúen el acuerdo otorgado por el Senado de la Nación para el ejercicio de la función en un ámbito territorial determinado; no obstante, y a fin de atender a circunstancias excepcionales, se evita un rigorismo excesivo que impida toda movilidad a los magistrados del Ministerio Público”.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación destacaron que entre los puntos salientes de la reforma se inscribe el hecho de que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación “tendrá un mayor peso”, y que el procurador general estará obligado a brindar un informe anual y obligatorio ante ese cuerpo, que a su vez tendrá la potestad, si así lo requiere, de citar al procurador y la presentación de algún otro informe.

En ese sentido, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, declaró que fue “central” el “consenso logrado con todo el arco político” para la presentación del proyecto.“Es muy valioso lo que logramos con este proyecto, que implicó un trabajo de un tiempo de maduración y consensos, en el que la oposición tuvo la grandeza de dejar de lado puntos en las que no se ponían de acuerdo”, ponderó el funcionario en diálogo con Télam.

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